Los municipios portuarios del Gran Rosario han expresado un firme rechazo al plan del gobierno provincial de apropiarse de la recaudación de la tasa que cobran a los camiones que llegan con la cosecha. Este impuesto, conocido como "peaje de última milla", ha sido una fuente crucial de ingresos para estas comunidades durante los últimos 20 años.
Tras la divulgación de esta iniciativa, los jefes comunales, sin distinción de afiliación política, han unido fuerzas para defender la tasa. Han coordinado esfuerzos y activado el lobby político para manifestar su desacuerdo con el gobernador Maximiliano Pullaro, solicitando una reunión urgente para abordar este tema. Prometen resistir firmemente cualquier intento de eliminar esta fuente vital de ingresos, que consideran esencial para el bienestar y la estabilidad social de sus localidades.
El viernes próximo, todas las partes involucradas se encontrarán en la Bolsa de Comercio de Rosario para discutir esta controversia. Los exportadores de granos han advertido que se opondrán a cualquier intento de aumentar su carga fiscal como compensación por la pérdida de esta tasa.
La tasa en cuestión se aplica a cada camión que llega a los puertos de la región, y su recaudación se destina al mantenimiento de los caminos locales. Sin embargo, tanto los empresarios como los políticos señalan que esta recaudación no se ha traducido en mejoras significativas en la infraestructura vial, y argumentan que los fondos también se utilizan para otros fines distintos.
Los municipios portuarios sostienen que la eliminación de esta tasa tendría un impacto devastador en sus comunidades, ya que se utilizan para una amplia gama de servicios y mejoras locales, incluyendo el mantenimiento de calles, limpieza, seguridad y desarrollo social. Advierten que la medida propuesta por la provincia chocaría con las autonomías municipales y crearía una situación legal y operativa insostenible.
En resumen, la disputa entre la provincia y los municipios portuarios refleja la tensión entre la necesidad de financiar infraestructura y servicios locales, y la preocupación por la equidad y la justicia fiscal en el proceso.
