Denuncia Internacional: Bayer Acusada de Violaciones a los Derechos Humanos y al Medio Ambiente

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Seis organizaciones de Derechos Humanos de Alemania y América Latina han denunciado a Bayer-Monsanto ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) por su responsabilidad en el impacto ambiental y en la salud de los pobladores causado por el uso de semillas transgénicas y agroquímicos.

La denuncia, respaldada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina, Terra de Direitos (Brasil), Base-IS (Paraguay), Fundación TIERRA (Bolivia), Misereor y el Centro Europeo por los Derechos Constitucionales y Humanos de Alemania, presenta casos testigos de Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia para demostrar "la violación de los derechos humanos a la salud, alimentación, agua, medio ambiente, vivienda, tierra, territorio y derechos de pueblos indígenas y comunidades campesinas".

La asesora legal Silvia Rojas Castro de ECCHR (Alemania) destacó que la denuncia argumenta que Bayer está incumpliendo con las directrices de la OCDE sobre conducta empresarial responsable, especialmente en el sector de la soja genéticamente modificada y pesticidas a base de glifosato.

La OCDE tiene tres meses para decidir si admite la queja, y en caso afirmativo, se procederá a una mediación con la empresa. Si no se llega a un acuerdo, la OCDE puede emitir recomendaciones y monitorear su cumplimiento, aunque no tiene la facultad de multar a Bayer.

El modelo de agronegocio liderado por Bayer-Monsanto en América del Sur, a través de semillas transgénicas y pesticidas, ha generado preocupaciones sobre la salud y el medio ambiente en la región. La expansión de la agricultura transgénica ha llevado a un aumento del uso de agroquímicos y conflictos por la tenencia de la tierra, afectando a comunidades rurales y pueblos indígenas.

La denuncia subraya la necesidad de una mayor protección de los derechos humanos y ambientales frente al avance del sector privado en la región, instando a los Estados a tomar medidas para garantizar la seguridad y el bienestar de las comunidades afectadas.

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