Según las fuentes judiciales, la pesquisa se centra en la contratación de un "broker y empresas privadas" para gestionar seguros en dependencias oficiales, donde Fernández figura como uno de los imputados principales, junto con el ex titular de Nación Seguros S.A., Alberto Pagliano, y Héctor Martínez. Este último, esposo de una secretaria del ex presidente, María Cantero, ha sido señalado como un bróker clave en el caso.
La investigación se originó a raíz de una denuncia presentada por la abogada Silvina Martínez, quien solicitó indagar las posibles irregularidades en torno al Decreto 823/2021, que estableció la obligación de contratar servicios de seguros exclusivamente con la empresa pública Nación Seguros SA. Martínez destacó que estas supuestas prácticas opacas fueron reveladas por una publicación periodística, donde se detallaba una subcontratación con un intermediario que habría recibido una comisión tres veces mayor al estándar del mercado.
El fiscal González también señaló que el esquema denunciado se habría replicado en el Ministerio de Seguridad de la Nación, involucrando a más intermediarios. Además, hizo hincapié en la relación previa entre Alberto Pagliano y el ex presidente Fernández, remontándose a la década de los noventa, cuando ambos estuvieron vinculados al mismo rubro.
En sus requerimientos, el fiscal solicitó al juez Ercolini obtener antecedentes y dictámenes jurídicos relacionados con el Decreto 823/2021, así como todos los convenios y contrataciones realizadas bajo sus términos. También pidió a la Superintendencia de Seguros de la Nación y a Nación Seguros que aporten información relevante sobre las operaciones y la participación de intermediarios en dichos contratos.
La imputación de Alberto Fernández en esta causa agrega un nuevo capítulo a la escena política argentina, donde se espera una investigación exhaustiva para esclarecer las presuntas irregularidades en la contratación de seguros durante su gestión presidencial.
Alberto Fernández se Desvincula del Escándalo de los Seguros: "Nadie me Pidió Nada"
En medio del escándalo sobre los contratos millonarios de seguros durante su mandato, el expresidente Alberto Fernández se distancia de las acusaciones, declarando: "Yo no pedí por nadie". Se le acusa, entre otros delitos, de malversación de fondos públicos, violación de deberes de funcionario y abuso de poder debido a los contratos de gestoría realizados durante su presidencia a favor de su amigo, Héctor Martínez Sosa, esposo de su histórica secretaria privada, María Cantero.
Fernández, quien recientemente regresó a Argentina desde España, niega haber realizado gestiones con funcionarios para favorecer la contratación de Martínez Sosa. También niega haber instruido a Cantero para que lo hiciera, afirmando: "Dudo que ella haya actuado así; si lo hizo, no lo respaldo". Además, asegura que ningún funcionario puede afirmar que él haya solicitado tal favor.
El expresidente explica que el decreto 823 de 2021, que él firmó y que establecía la obligatoriedad de los entes públicos de contratar a Nación Seguros, tenía como objetivo eliminar la intermediación. Sin embargo, este mecanismo generó sospechas sobre gestores vinculados a Fernández y a Sergio Massa.
Fernández sostiene que nunca conversó con Martínez Sosa sobre su papel como intermediario en contratos estatales con comisiones millonarias. Aunque algunos convenios con Martínez Sosa se suscribieron antes del decreto, Fernández afirma que desconocía la participación de intermediarios externos.
El expresidente enfatiza que Martínez Sosa es un productor de seguros destacado en el país, con negocios previos al gobierno y que incluso tuvo tratos con la gestión de Mauricio Macri. Fernández niega tener una relación directa con los contratos de seguros de Martínez Sosa y afirma que su deuda con él es un préstamo personal no relacionado con los contratos públicos.
Fernández, visiblemente afectado por las implicaciones del escándalo, intenta desvincularse de las acusaciones y señala que el caso de la Gendarmería, que cambió de aseguradora debido a una reducción de comisiones, ejemplifica que él no ejercía presión sobre los contratos.
En su declaración jurada, Fernández reporta una deuda pendiente con Martínez Sosa como un préstamo personal, indicando que nunca pudo saldarla. Esto, según él, demuestra que su relación con Martínez Sosa es meramente personal y no influyó en contratos públicos.
